La contralora general, Sandra
Morelli, inicia el próximo 30 de agosto el último año
de su gestión. Anuncia que durante ese período culminará
todos los procesos que ya empezó.
En la siguiente entrevista
revela el estado de cada una de sus más importantes investigaciones fiscales.
Revela que durante su gestión evitó que la Nación perdiera 12 billones de
pesos: 6 billones en recuperación y otros 6 evitando desvíos de fondos
públicos.
Primer tema: Saludcoop.
¿Qué halló en Saludcoop?
Se identificó que
efectivamente se pagaba con recursos públicos. Se hace imputación por casi 2
billones de pesos.
¿Recursos que se desviaron?
Sí, daño fiscal por
apropiación de recursos públicos.
¿Dineros públicos que dónde están?
Algunos están representados
en bienes, otros se fueron en gastos, otros están en sociedades en el exterior,
otros están en bienes que no tienen nada que ver con la salud y otros están en manejos de portafolio.
¿Y qué fue lo que ocurrió?
Poco a poco fueron
transfiriendo los activos de la infraestructura, o sea, clínicas, laboratorios,
unidades de cuidados intensivos, unidades de rayos X, a una empresa distinta
que se llama SaludCoop IPS. Esta empresa realiza una
asamblea –que debería ser declarada ilegal– que
cambia la composición accionaria y diluye SaludCoop
EPS, que es la intervenida y la responsable de cumplir varios fallos de la
Procuraduría, el Consejo de Estado, la Superintendencia de Salud y, sobre todo,
de la Corte Constitucional.
De tal manera que ahora
tenemos SaludCoop IPS como verdadera titular de esta
infraestructura, que seguramente va a elevar violación del debido proceso
porque no es la imputada, ni es la responsable de asumir el pago de los daños
que causó SaludCoop EPS.
¿La Contraloría qué va a hacer?
Ante semejante maniobra, la
Contraría instará a la Supersalud, para que Saludcoop IPS reintegre a la EPS toda la masa de bienes.
¿Las clínicas de Saludcoop EPS también fueron
trasladadas?
Claro. Son más de 33. Todas
pasaron a Saludcoop IPS.
¿La Contraloría no embargó?
Sí. Hemos venido embargando
con la limitante que supone la no declaratoria de todas las empresas vinculadas
con Saludcoop como grupo empresarial. La intervención
sobre una sola empresa, sin controlar los vasos comunicantes, genera
situaciones como la negociación de tres activos muy importantes: las clínicas
de Bogotá, Tunja y Neiva. Fueron titularizadas, y esa operación se realizó a
través de Fiduprevisora. Esta titularización implica
el pago de los activos a doce años. Luego de este periodo deben ser
transferidos a quien paga por ellos. Fiduprevisora
colocó los títulos en el mercado financiero, y todos los títulos fueron
adquiridos por Juan Carlos Ortiz, accionista de Proyectar Valores e Interbolsa, quien a su turno las negoció con terceros,
obteniendo importantes utilidades en la operación. Saludcoop
EPS terminó pagando no solamente el servicio de las tres clínicas sino el valor
de compra de las mismas, con el detalle de que, al final, las clínicas serán
propiedad de empresas no intervenidas.
¿A dónde más desviaron activos administrados por Saludcoop?
Inversiones en el exterior:
México, Guatemala, Ecuador, República Dominicana, Chile. El problema que
tenemos es que no se intervino todo el grupo empresarial, lo cual permite
precisamente estas evasiones. Yo repetiría exactamente lo mismo que Colombia
hizo en el 2000 con el sector financiero, que fue una toma de posesión. El
Estado podría hacer un saneamiento y luego ponerla en venta, como se hizo con el
Banco Cafetero.
¿Tiene con qué responder?
Sí. Tiene activos
suficientes.
¿Qué pasó con el campo de golf y todo ese complejo social en el Meta?
Tenemos embargada una parte.
No se ha podido embargar todo, porque fueron transfiriendo a terceros de
terceros. Hubo un tema ministerial que estamos tratando de esclarecer.
¿Tema ministerial?
Sí. La teoría del Ministerio
de Relaciones de que la Contraloría no podía embargar bienes en el exterior.
Sin embargo, sí lo hicimos.
¿El resumen de lo que ocurrió con Saludcoop
EPS cuál es?
Fue saqueada por algunos de
sus antiguos dueños. Mire: hay unas herramientas que prevé el ordenamiento
jurídico y que el superintendente, los jueces y la Fiscalía tienen a su
disposición. Consisten en el levantamiento del velo corporativo, para
establecer a dónde fueron a parar los recursos que estaban destinados al
servicio de salud. Eso haría mucho más fácil poder incautar esos bienes
adquiridos con recursos de la salud. Para embargar se deben cumplir unos
requisitos de identidad entre el sujeto y el titular de ese bien que hoy en día
no existen.
¿Por qué tanta demora en el fallo final?
Estamos hablando de una cifra
descomunal –2 billones de pesos–, y todo eso tiene
que estar probado. Habrá dos audiencias adicionales de descargos y se termina
ese proceso. Lo previsto es que se falle en septiembre.
¿Es verdad que en la creación de Saludcoop
hubo recursos del narcotráfico?
Sí. Hay una sentencia de la
Corte Suprema en la que se condena por lavado de activos procedentes de
narcotraficantes a la cooperativa que, precisamente, fue el principal aportante
en la creación de Saludcoop.
‘Interbolsa eludió el pago
del 4 por mil’
“Interbolsa
eludió el pago del 4 por mil. Operaciones que no eran bursátiles quedaron
exentas –dice Morelli–. Son 9 billones de pesos y esa
plata nadie la pagó”.
¿Fue una especie de elusión del tributo?
Así es. Ese proceso también
lo vamos a fallar este año.
¿Y el caso de la clínica La Candelaria?
A La Candelaria se le
advirtió que no podía hacer contratos de capitación para segundo nivel.
Solamente para primer nivel.
¿Eso que significaba?
El primer nivel es baja
complejidad, promoción y prevención. El tercero es alta complejidad.
¿Y qué ocurrió?
El señor José Fernando
Cardona, presidente de la Nueva EPS, hizo caso omiso de la advertencia; dijo
que tenía que prorrogar esos contratos. Y esos contratos eran garantías para
comprar las clínicas. El proceso se inició porque, aparentemente, hubo
desviación del recurso público destinado a la atención de segundo y tercer
nivel, para garantizar una operación financiera.
Caso AIS: Embargan al IICA
“El IICA es una organización
internacional que tuvo la responsabilidad de administrar los recursos del
programa de subsidios Agro Ingreso Seguro. Los testimonios en materia penal dan
cuenta de que era una mera fachada porque todo se continuaba haciendo en el
Ministerio de Agricultura. El IICA ha puesto resistencia a ser investigado,
alegando supuestas prebendas de orden diplomático. Administrar recursos de los
colombianos no puede hacerse sobre esa óptica. Allá hacen lo que quieren y
nadie los puede auditar. Pues, se decretaron embargos que les han molestado
mucho; hicimos consultas con internacionalistas antes de tomar esa decisión y,
finalmente, establecimos que podría haber una corresponsabilidad”.
¿Entonces alista fallo sobre Agro Ingreso Seguro?
Sí. E incluiremos el tema de
los camaroneros y el riego.
‘Carrusel’ de pensiones: fallos en noviembre
“La Procuraduría consideró
que yo debería separarme del proceso porque había dado declaraciones que daban
cuenta de que yo había prejuzgado. Debo informar que la Contraloría volvió a
imputar y se realizaron más embargos. O sea, volvieron a establecer la
responsabilidad de los señores consejeros de Estado Henry Villarraga
y compañía. En este momento, corresponde oír descargos y practicar las pruebas
que soliciten”.
¿Entonces habrá fallo?
Claro. El fallo definitivo se
dictará en noviembre.
¿Qué era lo que se hacía?
Había despachos en el Consejo
Superior de la Judicatura que, de manera muy frecuente, hacían nombramientos
extraños. Se pudo establecer que una persona que ordinariamente iba a tener una
pensión de 3 millones de pesos, con un mes que estuviera sentada como
magistrado auxiliar, el Consejo Superior le subía la pensión a 12 millones.
¿Cuánto le vale eso hoy al Estado?
Cada uno de los procesos es
del orden de 80, 90 millones de pesos mensuales.
¿Usted qué va a hacer en este caso?
Yo estoy recusada. El Vicecontralor ocupa mi lugar. Él fallará el proceso.
¿Cuántos son?
Once. Hasta cuando yo estaba,
se había establecido la imputación de tres, y los otros estaban en curso. Uno
de ellos ha tomado los correctivos. Quedan 10.
Mañana: el empresario Alberto Ríos y la controvertida
licitación en Magdalena
YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO